jueves, 18 de diciembre de 2014

El Sector de Agua Potable y Saneamiento de Chile

Durante la década de los 80s, el sector de agua potable y saneamiento estaba dominado por los servicios de abastecimiento de agua estatales. La inclusión de los operadores privados se inició en 1988. En la actualidad seis regiones cuentan con servicios sanitarios completamente privatizados y ocho regiones con servicios sanitarios concesionados.  Es así como al año 2014, 95,5% de los clientes son atendidos por empresas privadas (Figura 1).



Fuente SISS (2013)
Figura 1: Sector Sanitario Chileno

La cobertura de abastecimiento de agua en zonas urbanas en 1997 era de 99,3%, a través de operadores propiedad del estado (ver Figura 2). Además, el 91,6% de la población urbana tenía acceso a la colección de alcantarillado y se trataba sólo el 16,7% de las aguas residuales. El principal problema del sector a fines de los 80s era el déficit de inversión. En ese entonces, las empresas estatales invertían alrededor de US$ 150 millones anuales. Sin embargo, se estimaba que la inversión que se requería para el período 1995 – 2000 era de aproximadamente US$ 2.400 millones. De este requerimiento, un 63% debía destinarse a tratamiento y disposición de aguas servidas y el saldo a inversiones para cubrir el déficit de agua potable y alcantarillado.


Fuente SISS (2013)
Figura 2: Crecimiento y Evolución Sector Sanitario Chileno

El marco legal sobre el cual se basa la operación de las empresas sanitarias data de 1988. Las principales características de este son:
  •         Separación el rol del regulador del rol de proveedor del servicio;
  •          Establecimiento de reglas claras, transparentes y comunes para todos los operadores, independiente de si son municipales, concesionados o privatizados;
  •          Fijación de tarifas eficientes que permiten el autofinanciamiento de los operadores;
  •          Establecimiento de un subsidio estatal a familias de menores ingresos, que asegura la accesibilidad al servicio; y

·         El derecho a los operadores a cortar el servicio en caso de morosidad.

El Decreto 1199-2005 del Ministerio de Obras Públicas establece el reglamento de las concesiones sanitarias de producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas y de las normas sobre calidad de atención a los usuarios de estos servicios. La Concesión consiste en un derecho exclusivo entregado a un operador para el otorgamiento de los servicios sanitarios en un área urbana determinada.  El titular de la concesión está sujeto a una serie de obligaciones:
·         Entrega un servicio en forma continua y de calidad;
  •          Sujeto al régimen tarifario; y
  •          Ejecución de un plan de inversiones.
  •      El plan de inversiones establece los requerimientos de inversión para hacer frente a los aumentos de demanda, asegurando la continuidad y calidad del servicio.
A su vez, el rol del Estado es de regulador y fiscalizador de los operadores, tanto estatales como privados, a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), que se efectúa a través de los siguientes instrumentos:
  •          Otorgamiento de concesiones,
  •         Fiscalización del cumplimiento del plan de desarrollo establecido por el operador,
  •          Fijación de tarifas eficientes que aseguran el autofinanciamiento, y la
  •          Fiscalización de la continuidad y la calidad del servicio[1].

La SISS aplica multas a los operados por los siguientes conceptos:
·         Deficiencias calidad, continuidad servicios;
·         Cobros indebidos;
·         Daños redes;
·         Infracciones que ponen en peligro salud población;
·         No cumplimiento ley concesiones;
·         No cumplimiento plan de desarrollo;
·         Entrega de información incompleta, falsa o manifiestamente errónea.

En el caso de incumplimientos reiterados la SISS puede decretar la caducidad de la concesión. Al caducarse la concesión, se origina la toma de posesión de la administración de estos activos por parte de la SISS, la que nombra un administrador provisional y se re-licita la concesión de manera que una empresa nueva se haga cargo de la distribución de agua y servicios.
Los objetivos del modelo tarifario chileno son:
  • ·        Financiar los costos de operación, mantenimiento,  y las necesidades de inversión y reposición del operador;
  •          Financiar un margen de explotación del negocio consistente con el costo alternativo del capital para los operados privados;
  •          Incentivar ganancias de eficiencia en la provisión del servicio sanitario; y
  •          Lograr que las ganancias de eficiencia se traduzcan en menores tarifas para los clientes.
  •          Proveer una señal de precios adecuada para el uso racional del recurso

Los niveles de tarifas para cada concesionaria se determinan  cada 5 años.  Las tarifas se fijan en base a la solución de Coase de tarifas múltiples o en dos partes.  Es así como la tarifa (t) se descompone en una tarifa fija y una variable (t) (Figura 3).  La tarifa variable se fija de manera de lograr un óptimo de Pareto; formalmente, la tarifa variable se fija de manera de igualar el valor que asignan los consumidores a la última unidad consumida (valoración marginal) con el costo de producir dicha unidad (costo marginal). Sin embargo, como se desprende de la Figura 3, este nivel de tarifa no cubre los costos medios totales, por lo que la empresa sanitaria operaria con pérdidas.  Por ende, se establece una tarifa fija de manera de cubrir los costos medios de largo palazo, satisfaciendo el objetivo de financiar un margen de explotación del negocio consistente con el costo alternativo del capital para los operados privados.  La tarifa fija corresponde a la diferencia entre la tarifa (t) y la tarifa variable (t).


Elaboración Propia
Figura 3: Fijación de tarifas para los operadores de servicios sanitarios


El esquema tarifario busca simular un mercado competitivo, con una libre entrada de competidores al mercado. El objetivo final de la aplicación de este concepto es llegar a costos eficientes de los operadores del servicio sanitario. Esto se logra al fijar las tarifas para una empresa modelo.  En el DFL N°70, artículo 8, que es la base para estimar lo costos involucrados en la determinación de las fórmulas tarifarias, se define una empresa modelo del sector sanitario como una empresa prestadora de servicios sanitarios diseñada con el objeto de proporcionar en forma eficiente los servicios sanitarios requeridos por la población, considerando la normativa y reglamentación vigente y las restricciones geográficas, demográficas y tecnológicas en las cuales deberá enmarcar su operación.  Esta empresa modelo corresponde a una empresa sin activos, que debe realizar las inversiones necesarias para prestar su servicio, y elabora un plan de desarrollo de inversiones.  Como las tarifas eficientes cubren los costos de corto plazo, no se generan los incentivos para que el operador realice las inversiones para asegurar la continuidad del servicio y hacer frente a los aumentos de demanda.  

El plan de desarrollo establece un programa de inversión óptima que asegura que el operador se adapte a su tamaño óptimo; esto sería equivalente a que se fijaran las tarifas para cubrir los costos marginales de largo plazo.  Dado que la empresa real enfrenta un escenario de precios predeterminados por un periodo de 5 años, tiene incentivos para ser eficientes, dado que obtiene las rentas por sobre lo que habría obtenido el modelo de empresa eficiente.
A partir de la empresa modelo, se realiza el cálculo de tarifas para el siguiente quinquenio (ver Figura 4), en base al cálculo del costo incremental de la empresa modelo.  El costo incremental de desarrollo es aquel valor equivalente a un precio unitario constante que, aplicado a la demanda incremental proyectada, genera los ingresos requeridos para cubrir los costos incrementales de explotación eficiente y de inversión de un proyecto de expansión optimizado del operador (artículo 4, DFL Nº70 MOP).  Luego de calcular las tarifas eficientes, se compara la recaudación con los costos totales de largo plazo.  En el caso que las tarifas no cubran estos costos, se aplica un factor de ajuste de manera que las tarifas permitan a los operadores autofinanciarse.


Fuente SISS (2003)
Figura 4: Etapas del proceso técnico de tarificación en base a la empresa modelo

El procedimiento indicado anteriormente, lo realiza la autoridad (SISS) y el operador de la sanitaria siguiendo las bases establecidas por la SISS el año antes del vencimiento de las tarifas. Si existen discrepancias entre las tarifas propuestas por la SISS y la empresa sanitaria, ambas partes tienen un plazo de 30 días para presentar en lo que no se está de acuerdo.  De seguir habiendo discrepancias entre las empresas reguladas y la SISS, se recurre a un panel de expertos; este panel consta de tres peritos: uno elegido por la SISS, otro por la empresa concesionada y el tercero por ambos. La decisión tomada por este panel es definitiva y ellos determinan las tarifas finales (Figura 5).


Fuente SISS (2003)
Figura 5: Etapas del proceso de fijación de tarifas definitivas.


Al final del proceso, se establece la tarifa fija, tarifa variable en período no-punta, tarifa variable en período punta, tarifa variable de sobreconsumo en período punta, la tarifa variable por el servicio de alcantarillado y la tarifa variable de saneamiento. En los meses de verano, en los cuales sube la demanda de agua, se establece una tarifa variable por el sobreconsumo. El sobreconsumo se define como el volumen de agua (m3) consumidos por sobre el promedio de los consumos mensuales entre abril y noviembre de cada año.  Las tarifas variables en período punta y de sobreconsumo en período punta se fijan con el objetivo que el consumidor internalice los mayores costos asociados a la provisión del servicio durante el período estival.  Dichas tarifas están basadas en el esquema de tarificación peak load pricing. Esta distinción en las tarifas es eficiente desde la óptica de la asignación de recursos, en la medida en que las demandas en los períodos de alta tiendan a financiar los requerimientos de capacidad.

Como se señaló anteriormente, el operador del servicio sanitario debe garantizar la continuidad y la calidad de los servicios.  Sin embargo, el Artículo 35° del DFL 382 del Ministerio de Obras Públicas establece que la continuidad y la calidad de los servicios sólo podrán ser afectadas por causa de fuerza mayor.  En el evento de que la falta de provisión de agua se debiera a fuerza mayor, y los operadores se ven obligados a suscribir contratos de provisión de la misma, se establecerán nuevas tarifas que incorporen el efecto de este mayor costo. Las nuevas tarifas regirán mientras no se supere la fuerza mayor. 



[1] El Ministerio de Salud se preocupa de vigilar la calidad del agua en los servicios sanitarios que no están bajo la jurisdicción de la SISS y también oficializa las normas de calidad de las aguas.

lunes, 8 de diciembre de 2014

Inclusión del análisis de incertidumbre en propuestas y proyectos de adaptación al Cambio Climático

Los impactos del Cambio Climático presentan una serie de nuevos desafíos a nivel global. La
búsqueda de estrategias para mitigar y adaptarse a estos impactos representa uno de los
principales problemas a los que se enfrentan los tomadores de decisiones a nivel mundial. El
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2001), muestra la
existencia de diversos intentos por cuantificar monetariamente los beneficios y costos vinculados
al Cambio Climático (CC). Sin embargo, muchos de estos estudios no consideran el efecto de la
variabilidad climática y de los extremos climáticos, con lo que se tiende a subestimar las pérdidas y
sobreestimar las ganancias económicas. Una adecuada planificación de las inversiones, debe
basarse en posibles escenarios y efectos en los sistemas hidrológicos (Arnell et al. 1996). Por
ende, para contemplar estrategias de adaptación adecuadas para el caso de Chile, primero se
deben contemplar los reales impactos a escala regional.


Las proyecciones indican que, dentro de las posibles consecuencias del CC para Chile central,
habría un aumento de la temperatura junto con una importante disminución en la precipitación.
Estos cambios quedan demostrados en un estudio realizado por Vicuña et al. (en revisión), en
donde se investigan los caudales de la cuenca del Río Limarí, para tres condiciones
meteorológicas: histórica y futuras, esta última bajo dos escenarios de emisión de gases de efecto
invernadero. En un escenario de simulación de las condiciones hidrológicas proyectadas para el
periodo futuro 2070-2100, se concluye que la cobertura de demanda de agua para riego
disminuye ostensiblemente debido a un cambio relevante en la disponibilidad de agua asociada a
estos escenarios climáticos. Ahora bien, los resultados no incluyen modificaciones con respecto a
las actividades agrícolas en la zona, es decir, no se modificaron las superficies cultivadas, el tipo de
infraestructura utilizada, ni los patrones de cultivos. La realización de alguno de estos cambios o
introducción de medidas de adaptación podría mejorar las condiciones de cobertura de demanda
en la región reduciendo de esta manera la magnitud de estos impactos. Es importante en este
sentido incorporar estrategias de adaptación a nivel nacional para prepararse frente a los 2
impactos del Cambio Climático especialmente en sectores altamente sensibles a los cambios
climáticos como es el sector agrícola.

Es esencial integrar la incertidumbre dentro de las instituciones gubernamentales como medida de adaptación al CC, con el objetivo de hacer más eficiente su actuar y la selección de proyectos. Por medio del uso de protocolos y objetivos que contemplen las proyecciones de CC, será posible evaluar la pertinencia de proyectos de riego en cuanto a su factibilidad con un panorama de incertidumbre; perfeccionar o ajustar el diseño de proyectos o herramientas de acuerdo a estas proyecciones, así como también, lograr establecer prioridades entre distintos proyectos, en cuanto a los beneficios que cada uno presenta. Sin embargo, para lograrlo, es necesario primero definir el período de tiempo a considerar, junto con un modelo que pueda ser utilizado de forma genérica para la evaluación de los proyectos y propuestas. 

 La inclusión del análisis de incertidumbre de las condiciones climatológicas para periodos futuros con un horizonte cercano (2010-2040) puede acotar los niveles de incertidumbre y posibilita la orientación de las políticas públicas asociadas al riego hacia una adaptación real al Cambio Climático.