miércoles, 30 de diciembre de 2015
¿Existe concentración de derechos de aprovechamiento de aguas en el sector minero en perjuicio de la agricultura?
El Código
de Aguas de 1981 de Chile (CA) establece que la Dirección General de Aguas
(DGA) deberá llevar un Catastro Público de Aguas (CPA) en el que constará toda
la información que tenga relación con las aguas, incluyendo la relacionada a
los DAA. Además, establece que la DGA deberá mantener actualizado el Registro
Público de DAA (RDAA) dentro del CPA. Sin embargo, éste está incompleto y
desactualizado por lo que no existe de un sistema actualizado y transparente de
información respecto a la distribución de las aguas. Lo anterior explica la percepción que el CA ha
“favorecido la concentración de la propiedad de éstas en el sector eléctrico,
minero y exportador, en perjuicio del acceso al recurso para la mayoría de la
población y el cultivo agrícola” (Boletín 9102-01, Cámara de Diputados). Sin embargo, los datos oficiales indican que
uso del agua de consuntiva en Chile está concentrado en la agricultura con el
73% del uso del agua. El uso industrial representa el 12% de las extracciones, mientras
que la minería y el abastecimiento de agua potable representan el 9% y 6%,
respectivamente. Lamentablemente la falta de información ha desviado el foco de
los temas prioritarios de gestión de las aguas que sean sustentables.
lunes, 1 de junio de 2015
miércoles, 6 de mayo de 2015
Critica Evo Morales "Chile privatizó sistema de agua potable rural". ¿Es malo eso? Juzque usted mismo en base a las cifras.
Situación en Bolivia
En 2009, los ciudadanos de Bolivia aprobaron una nueva constitución que estableció el acceso universal al agua potable y al saneamiento como un derecho humano fundamental y un servicio público. Pero más de 2,5 millones de bolivianos no tienen acceso a servicios de agua potable, y otros 5 millones carecen de servicios de saneamiento. Las coberturas de agua potable en Bolivia son las más bajas del continente. Las cifras indican una cobertura de 78,5% de la población.
Estas carencias causan inseguridad alimentaria y comprometen la salud integral de las familias, provocando casos graves de malnutrición crónica y diarrea aguda, una enfermedad que es responsable de un tercio de todas las muertes infantiles. Estas deficiencias frenan la capacidad de desarrollo de las comunidades pobres y producen un estancamiento de la productividad y de los ingresos de las familias.
Además, la calidad del servicio de agua potable también es de las peores. Según la OMS en el año 2000 solamente el 26% de sistemas urbanos contaban con desinfección y solamente el 25% de las aguas negras eran tratadas. Según un estudio de la GTZ alemana en 2011 solo 30% de las aguas negras colectadas estaban sujetos a tratamiento, y 70% de estos 30% no estaban tratados adecuadamente porque las plantas de tratamiento de aguas negras no funcionaban bien.
A nivel urbano los Gobiernos Municipales, directamente o a través de Empresas Prestadores de Servicios, están a cargo de la administración y operación de los servicios. En la década de las ochentas la inversión en el sector sanitario en Bolivia no superó US$20 millones cada año. A partir de 1990 este promedio aproximó US$40 millones. En 1999, la inversión alcanzó US$ 69 millones. Desde el año 2000, la inversión disminuye a pesar de una subida en 2004.
Situación en Chile
Durante la década de los ochenta, el sector de agua potable y saneamiento en Chile estaba dominado por los servicios de abastecimiento de agua estatal, mientas que la inclusión de los operadores privados se inició a finales de esta década, en 1988. En la actualidad seis regiones en Chile cuentan con servicios sanitarios completamente privatizados y ocho regiones con servicios sanitarios concesionados. Es así como al año 2014, 95,5% de los clientes son atendidos por empresas privadas.
La cobertura de abastecimiento en sectores urbanos, en 1997 ésta era de 99,3%, y se proveía a través de operadores propiedad del estado. Además, el 91,6% de la población urbana tenía acceso a la colección de alcantarillado y se trataba sólo el 16,7% de las aguas residuales. La cobertura urbana de agua potable se incrementó a un 99,9% con una provisión mayoritariamente por parte de empresas privadas. El cambio más significativo fue en la cobertura de tratamiento de aguas servidas, la que aumentó en un 83% en dicho período, alcanzando una cobertura del 99,8%. La cobertura total de agua potable para la población rural es de 88%.
Desde los años 1974, se observa una significativa reducción en las tasas de mortalidad infantil (Figura II.3). Entre los años 1974 y 2012 se reduce la tasa de mortalidad infantil en un 88%, pasando de 61,8 por 1.000 nacidos vivos en 1974 a 7,4 por 1.000 nacidos vivos en 2012.
El Decreto 1199-2005 del Ministerio de Obras Públicas establece el reglamento de las concesiones sanitarias de producción y distribución de agua potable, y de recolección y disposición de aguas servidasla Concesión consiste en un derecho exclusivo entregado a un operador para el otorgamiento de los servicios sanitarios en un área urbana determinada. Es así como, el titular de la concesión debe entregar un servicio en forma continua y de calidad, ajustarse al régimen tarifario y ejecutar planes de inversiones. Si el operador no cumple es sancionado con multas y pérdida de lña concesión en caso de faltas reiterativas.
En Chile no existe gestión de riesgos de desastres.
El Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, y el Viceministro de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón (MLIT), Akihiro Nishimura, firmaron un acuerdo que permitirá estrechar la cooperación mutua en materia de investigación y prevención de desastres naturales.
Ministro Undurraga señaló, en la ceremonia de firma del acuerdo que "“para enfrentar terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas o aluviones,podemos prepararnos mejor, tanto en la etapa preventiva como en la reacción ante el desastre y para ello queremos aprender mucho de la experiencia japonesa.”
Pareciera que el gobierno se preocupa de la gestión del riesgo de desastres.
Sin embargo, el Gobierno excluyó de la lista de prioridades legislativas, el proyecto que busca modernizar el sistema de emergencia para reemplazar a la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi). Es paradójico que en un año marcado por los desastres naturales, no se considere como una prioridad lesgislativa el modernizar la oficina nacional de emergencias. Esto es contradictorio con el deseo de estar mejor preparados. Si no se cuenta con una institución pública moderna que gestione el riesgo, no solo sea reactiva, el convenio no generará mejoras.
Por otro lado, el Proyecto de Ley para reorganizar la Onemi tiene como objetivo central enfrentar eficientemente los desastres naturales, que tanto azotan a nuestro país. Es decir, seguimos con el paradigma de reacción una vez ocurrido el desastre. Pero el Ministro Undurraga señaló la importancia de la prevención, lo que no se recoge en el Proyecto de Ley.
Se deduce de lo anterior que en Chile no existe gestión de riesgos de desastres. Solo reacción para mitigar los daños una vez ocurrida. Cabe preguntarse ¿cómo se mitiga las pérdidas de vida?
jueves, 26 de marzo de 2015
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